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La Asociación TarifaSí exige al Gobierno y a la Junta que se respete el Estado de Derecho

Lunes 28 de febrero de 2011, por Cocn_Tarifa

Asistimos en los últimos días a un circo de declaraciones tras el anuncio del Ministerio de Medio Ambiente Rural y Marino (MMARM) que declara ambientalmente desfavorable el proyecto de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA) para la ampliación del Puerto de Tarifa. Tanto el presidente de la Junta de Andalucía, Sr. Griñán, como un grupo de consejeros y senadores socialistas, así como la Diputación de Cádiz y el Alcalde de Tarifa, han declarado su apoyo a la ampliación y su compromiso de seguir impulsando un proyecto que ya ha sido denegado por el Ministerio tras los trámites recogidos en la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de Proyectos, y que ha supuesto el trabajo de estudio, análisis, evaluación y participación ciudadana establecidos por la Constitución.

Se esgrimen clichés propagandísticos acuñados por la APBA aunque éstos se han demostrado absolutamente falsos, por la contundencia de los datos y la constatación de que la realidad posterior al estudio económico del proyecto no coincide con sus previsiones. Así pues, estamos escuchando por boca de estos representantes y responsables públicos la misma promesa de creación de miles de puestos de trabajo, la misma mentira de crecimiento del tráfico de pasajeros (aunque los datos de Puertos del Estado evidencian lo contrario), seguimos escuchando las mismas “bondades” de un proyecto que ha sido tumbado por dos veces en el proceso de evaluación que ha durado tres años y en el que la participación ciudadana ha sido muy importante.

Pero el colmo de la incongruencia han sido las declaraciones de la propia Ministra de Medio Ambiente, la Sra. Rosa Aguilar, que anuncia una visita a Tarifa para encontrar una salida a la situación y buscar la manera de sacar el proyecto adelante, desautorizando así a su propio equipo.

¿Hemos oído bien los miles de ciudadanos que hemos alegado y argumentado contra este proyecto?: las asociaciones vecinales, grupos ecologistas, catedráticos y profesores de Biología y Oceanografía, economistas, las asociaciones de empresarios, las empresas de avistamiento de cetáceos y de buceo, empresas del sector turístico, partidos políticos con representación municipal, asociaciones de defensa del patrimonio, etc., que hemos participado en este proceso de manera intensa y desigual respecto a la poderosa maquinaria de la APBA y los partidos mayoritarios… Porque de lo que se trata es de silenciar que buena parte de la sociedad de Tarifa y del Campo de Gibraltar, a través de un ejemplar ejercicio de pedagogía pública, ha mostrado su rechazo rotundo a un proyecto que amenaza la pesca artesanal del Estrecho, parajes de incalculable valor ambiental, un patrimonio histórico sin parangón y un tejido turístico de modelo sostenible único en el sur de nuestro país.

Este despropósito revela una actitud irresponsable y temeraria por parte de los representantes de estos partidos políticos y sus responsables públicos, pues no sólo están mostrando un comportamiento indigno ante los miles de ciudadanos que han alegado y participado en este proceso (incluidos los especialistas y técnicos del MMARM), sino que están cuestionando el mismo Estado de Derecho que establece los mecanismos de Evaluación y Participación que han arrojado como resultado la declaración negativa para el proyecto. Parece ser que la democracia es un concepto abstracto para ellos, lo suficientemente abstracto como para que no suponga un compromiso ni siquiera formal con las reglas del juego. Pretenden decirnos, nos están diciendo, que una vez pasados estos trámites “formales”, ahora los poderosos van a iniciar una fase de “negociación” para buscar fórmulas con las que sacar el proyecto adelante, como si la Declaración de Impacto Ambiental no fuese vinculante. Con este comportamiento se está creando una alarma social en la población, que percibe en este discurso un cuestionamiento de las instituciones, un desprecio a la participación ciudadana y a los mecanismos del Estado de Derecho. Y sobre todo, un contubernio entre poderosos, en una actitud arrogante y autosuficiente ante el pueblo, que también es Estado y en el que se sustenta y reside su legitimidad, por lo menos en teoría, según la Constitución.

¿Estamos asistiendo a la crónica de una prevaricación anunciada?

Asociación Ciudadana TarifaSÍ

28 de febrero de 2011

Más información: http://www.tarifasi.org

 

 

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