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Solo de forma excepcional ante situaciones imprevistas y emergencia general, y a falta de otras posibilidades de actuación, podrán las Administraciones Públicas promover acciones voluntarias

Miércoles 28 de marzo de 2012, por Cocn_Tarifa

Este artículo contiene enlaces que le muestran la documentación comentada.

El Defensor del Pueblo Andaluz acaba de Publicar en su página web la resolución a la queja 11/3024 dirigida a Consejería de Medio Ambiente. Relativa a posible incumplimiento de la Ley del Voluntariado respecto del proyecto Migres dando la razón al Colectivo Ornitológico Cigüeña Negra promotor de dicha queja.

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Sí bien esta resolución es del día 12 del presente mes y la misma ya había sido puesta en conocimiento tanto de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía como del Cocn. en la fecha indicada, esta es pública desde ayer.

La administración ambiental andaluza viene incumpliendo con la legislación de aplicación en materia de voluntariado desde hace años y desde el Cocn. se trató de corregir a la administración mediante el envío de varios escritos a la anterior Consejera de Medio Ambiente, y al actual Consejero indicándoles que el proceder de su consejería con relación al Programa Migres contravenía la legislación en materia de voluntariado. Tras recibir respuestas ambiguas o no recibir respuestas los voluntarios de la asociación con el fin de corregir estas irregularidades no tramitaron denuncias si no que prefirieron elevar en primer lugar una Queja ante el Defensor del Pueblo Andaluz el pasado 29/4/2011.

http://cocn.tarifainfo.com/spip/spi...

Dado que la Administración inició la Convocatoria del Programa del Programa Migres 2011, el Cocn. volvió a dirigirse al Defensor del Pueblo con el objeto de solicitarle celeridad en su queja.

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Está fue admitida a tramite en julio de 2011

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La queja realizada por el Cocn. se basaba en diversos aspectos de la Ley Andaluza del Voluntariado (Ley 7/2001 de 12 de julio de Voluntariado) que eran incumplidas sistemáticamente por esta administración en el desarrollo de este programa.

Dicha Ley recoge los derechos y obligaciones en materia de Voluntariado en Andalucía de las Administraciones, Entidades de Voluntariado y Voluntarios.

Y a las Administraciones no les corresponde promover acciones voluntarias “Solo de forma excepcional ante situaciones imprevistas y emergencia general, y a falta de otras posibilidades de actuación, podrán las Administraciones Públicas promover acciones voluntarias, estableciendo los mecanismos para que tales iniciativas se organicen de forma independiente en el plazo de tiempo más breve posible y, en cualquier caso, debiendo atenerse a lo establecido en está Ley en materia de derechos y deberes de las personas voluntarias”. Sin embargo la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía presentaba en su propia Página web la convocatoria a la ciudadanía para que participen en este proyecto de voluntariado, incluyendo incluso las fichas para que las personas se inscribiesen. En numerosos espacios de esta administración y Fundación Migres figura claramente “Migres es un programa de voluntariado ambiental de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía”.

El Defensor del Pueblo indica en su amplia resolución: “De tal mandato legal entendemos que necesariamente se deriva la absoluta excepcionalidad del recurso a iniciativas de fomento para programas de voluntariado que no se sustancien a través de procedimientos de concurrencia competitiva.

De hecho, el propio apartado segundo del artículo 21 de la Ley 7/2001 dispone que «Las Administraciones Públicas deberán ofrecer la información y el asesoramiento necesario para favorecer la participación de las entidades en las convocatorias públicas de ayudas y subvenciones y establecer unos criterios de adjudicación, seguimiento y evaluación que garanticen publicidad, libre concurrencia y objetividad en las actuaciones».

Otro apartado de la queja emitida por el Cocn. era el referente a la financiación de este Programa de Voluntariado ya que durante las tres últimas ediciones de este programa la Consejería habría entregado bien mediante adjudicaciones directas o concursos cerrados (Procedimientos negociados sin publicidad) algo más de un millón de euros para la realización de este Programa de Voluntariado Ambiental a la entidad privada que es la Fundación Migres. Estas han figurado en BOJA nº 244 de 10/12/2008, con un procedimiento urgente y negociado sin publicidad con una adjudicación de 654.891,88 euros . En BOE. De 28/10/2009 con una adjudicación de 331133,60 euros . Y durante el pasado año ni siquiera figuró en BOJA., BOE. o Plataforma de Contratación de la Junta de Andalucía (A fecha de emisión de la Queja) con una adjudicación de 250.000 €.

El Defensor del Pueblo Andaluz no ve en su resolución ni la excepcionalidad del Programa. Que sea la Fundación Migres la única entidad que pueda desarrollarlo ni las adjudicaciones directas a la misma todo ello argumentado de manera muy amplia.

“Sobre la valoración de criterios de territorialidad, esta Defensoría del Pueblo Andaluz mantiene serias dudas acerca de la adecuación de este criterio al principio de no discriminación por razones de nacionalidad o territorialidad consagrado en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y en las Directivas de desarrollo.

Sobre la valoración realizada de la mayor complejidad que pueda revestir la ejecución del Programa Migres en los próximos años, entendemos que la misma únicamente procedería realizarla en esos ejercicios futuros, y no en aquellos otros en el que el posible handicap de la especial complejidad no esté presente.

Finalmente, sobre la posible alteración que podrían sufrir los resultados que se obtuviesen si la subvención fuese concedida a una entidad distinta a la Fundación MIGRES, derivado ello de que el personal encargado de la realización de los estudios fuese distinto y posiblemente menos experto, y de que el sesgo en los trabajos fuese diferente al dado hasta el momento por la citada Fundación, debemos decir que a juicio de esta Defensoría tales argumentos tampoco pueden entenderse suficientes.

En este sentido, la Fundación MIGRES es una persona jurídica, por lo que ella no realiza por sí misma el seguimiento de migraciones en el Estrecho de Gibraltar.

Tal hecho, unido a que las personas físicas que hasta el momento han ejecutado el proyecto para la Fundación no tienen la obligación de seguir prestando sus servicios a dicha Fundación, sino que los podrían prestar para otra entidad, hacen decaer el argumento contenido en la Memoria Justificativa.

Además, dicho “problema” resultaría perfectamente resoluble mediante la fijación de requisitos de solvencia a las entidades concurrentes al procedimiento de concesión de subvenciones por concurrencia competitiva.

De hecho, en la propia memoria justificativa se contempla la posibilidad de que un nuevo equipo encargado de la ejecución del proyecto para el que se da la subvención sea igual de experto y diestro en la identificación de aves que el equipo del que, hasta el momento, ha dispuesto la Fundación MIGRES.

De otra parte, en cuanto al “sesgo” diferente que podría darse al estudio, entendemos que se trata de otro “problema” perfectamente superable mediante la fijación detallada de los criterios que deben tenerse en cuenta. Criterios éstos que suponemos deben ser perfectamente identificables habida cuenta la cantidad de personas que los han tenido que aplicar (son numerosas las personas dedicadas al desarrollo del proyecto) y los años que lleva desarrollándose el programa.

Es por ello por lo que, sin cuestionar en ningún momento el buen hacer de la Fundación MIGRES ni los grandes resultados obtenidos a lo largo de todos estos años a través del referido Programa, esta Defensoría del Pueblo Andaluz considera que en lo sucesivo deberían promoverse procedimientos ordinarios de concesión de subvenciones, con concurrencia competitiva, habida cuenta que los mismos entroncan en mejor medida con la filosofía del voluntariado y con los principios rectores de las políticas públicas consagrados en la Constitución y en el Estatuto de autonomía para Andalucía.

Ello, salvo que quede perfectamente justificado el recurso a procedimientos de concesión directa, en aplicación en todo caso de los criterios restrictivos de interpretación anteriormente aludidos.

Además, consideramos que tales criterios de actuación resultan especialmente indicados cuando la cuantía de la subvención asciende a cifras tan elevadas como la señalada en la presente queja.”

El Defensor del Pueblo Andaluz, va más allá de la Queja emitida y analiza en su resolución La cuantía entregada de manera directa a la Fundación Migres durante 2010 para el desarrollo de este programa comparándolo con el dinero recibido durante ese año mediante las ordenes de subvenciones por concurrencia para todas las entidades de voluntariado de toda Andalucía siendo mayor la cantidad asignada a este programa que al resto de entidades.

De hecho, para tomar conciencia de lo que representa la subvención concedida a la Fundación MIGRES, se ha entendido oportuno comparar su cuantía con los importes de las subvenciones concedidas en el mismo período (año 2010), en régimen de concurrencia competitiva, tanto para la financiación de campos de voluntariado ambiental como para la financiación de proyectos locales de voluntariado ambiental.

En este sentido, cuando la subvención directa (sin concurrencia competitiva) concedida a la Fundación MIGRES asciende a 250.000 euros, el total de lo subvencionado, por procedimiento de concurrencia competitiva, para la financiación de campos de voluntariado ambiental no llega a 76.000 euros, y para la financiación de proyectos locales de voluntariado ambiental asciende a poco más de 116.500 euros.

Es decir, que la subvención directa a la Fundación MIGRES representa más del 56 por ciento del total dispuesto para estas subvenciones.

Tal circunstancia no viene sino a avalar la necesidad expresada de reconsiderar el procedimiento seguido por cuanto que el recurso a la adjudicación directa, en una proporción tan elevada como la señalada y en base a los argumentos expresados por la Consejería de Medio Ambiente, no parece que resulte acorde con los principios básicos que deben inspirar la actuación de la Administración en materia de voluntariado.

Por último el Defensor del Pueblo Andaluz recuerda a la Consejería de Medio Ambiente sus deberes legales y realiza la recomendación: Consistente en la necesidad de, en lo sucesivo, favorecer una mayor concurrencia en los procedimientos que se sigan de concesión de subvenciones para el fomento de acciones voluntarias organizadas.

El Programa Migres es tan solo un ejemplo (Punta de Iceberg) de cómo se ha interpretado erróneamente desde esta Administración el voluntariado ambiental ya que dicha administración favorece e impulsa igualmente otros programas que deberían de ser propuestos y realizados por las entidades de voluntariado y no desde esta propia administración. Programas promovidos desde la Consejería de Medio Ambiente como las redes de voluntariado, Andarríos, etc.

El papel de la administración andaluza en el voluntariado debe ceñirse a lo estipulado en la referida ley del voluntariado que de manera resumida es, al fomento de la participación ciudadana dentro de las entidades de voluntariado registradas, fomentando y ayudando a estas entidades de voluntariado y la participación de la ciudadanía en las mismas. Colaborando en la financiación de los proyectos mediante ordenes de subvenciones por concurrencia competitiva (Calidad de proyectos, experiencia de las entidades, meritos, etc.) y fomentando la democracia participativa en la ciudadanía.

¿Se han obtenido buenos resultados en el Programa Migres?

Evidentemente Sí. Es algo que reconoce tanto el Defensor del Pueblo Andaluz como el propio Colectivo Ornitológico Cigüeña Negra. Aunque el Cocn. afirma: Faltaría más, con los recursos económicos, divulgativos y materiales que se han destinado de manera directa por la administración para el desarrollo de este programa. Pero para el Cocn. una entidad de voluntariado que lleva desde 1996 realizando año tras años campañas similares de estudio de la migración de aves, sin haber recibido nunca un solo euro de la administración para el desarrollo de este tipo de censos, realizando estos a duras penas o paralelamente mirando los cientos de proyectos que cada año realizan multitud de entidades de toda Andalucía en similares condiciones de precariedad. Estos si que son meritorios y dignos de alabanzas pues se realizan gracias al sudor y esfuerzo de los voluntarios para el bien de todos y el medio ambiente.

Desde el Colectivo Ornitológico Cigüeña Negra se espera y desea que con esta resolución la Administración Ambiental Andaluza gire hacía la democracia participativa y la transparencia, impulsando más y mejor el asociacionismo, a las entidades de voluntariado y que no se continúe usurpando en el futuro por parte de las administraciones de cualquier índole el papel y misión de las asociaciones y entidades de voluntariado andaluzas.

 

 

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