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Golpe de Europa al modelo del urbanismo salvaje

Viernes 27 de marzo de 2009, por Cocn_Tarifa

El Parlamento Europeo describe una red de corrupción generalizada

El Parlamento Europeo, frustrado ante los oídos sordos con que las distintas administraciones españolas acogieron dos resoluciones previas condenatorias del urbanismo salvaje en España, acompañó ayer su tercera condena con la petición de gravosas sanciones económicas: interrupción de fondos estructurales y congelación de los fondos de cohesión.

La arremetida de la Eurocámara no es vinculante, pero dejó en evidencia a populares y socialistas españoles, repudiados por sus correligionarios en sus intentos de maquillar la imagen corrupta y mafiosa existente en la UE de quienes trafican y se benefician de los desmanes urbanísticos en España.

El devastador informe elaborado por la verdedanesa Margrete Auken fue aprobado a mediodía por el Pleno de la Eurocámara por 349 votos contra 110, con 114 abstenciones. No hubo debate porque los argumentos de unos y otros ya se habían escuchado hasta la saciedad en otras sesiones de la Comisión de Peticiones. Ayer solo se registró un intento a la desesperada y fallido de populares y socialistas españoles de aguar el vitriolo del documento. Cada grupo presentó una resolución alternativa, tan inaceptable en el caso de los socialistas que incluso Michael Cashman, autor de un informe previo y asociado originalmente a la de sus correligionarios españoles, anunció que se desentendía de ella y votaría el texto de Auken.

La resolución aprobada no deja títere con cabeza y si de algo peca es de exceso verbal. Leerla es un viaje a los infiernos en que se han visto atrapados decenas de miles de extranjeros sorprendidos en su buena fe por una red de corrupción dirigida al engaño y al saqueo que, por acción u omisión, implica a "todas las administraciones, central, autonómicas y locales (...) responsables de haber puesto en marcha un modelo de desarrollo insostenible" con gravísimas consecuencias medioambientales, sociales y económicas. Una irresponsabilidad política y administrativa felizmente conchabada con concejales, agentes urbanizadores, promotores inmobiliarios e instituciones financieras al tanto de las irregularidades, presentes o venideras, de los proyectos urbanísticos.

Remata todo el cuadro "la falta de confianza generalizada (...) frente al sistema judicial español como medio para obtener reparación y justicia".

El informe propone reformas ya solicitadas infructuosamente en las anteriores condenas de 2005 y 2007. Para ayudar a que las autoridades correspondientes se lo tomen esta vez en serio, insta a la Comisión Europea y al propio Parlamento Europeo a hacer pagar a España los desatinos urbanísticos en caso de nuevo desentendimiento de las responsabilidades. Recuerda Margrete Auken, con el amplio apoyo de sus colegas, que "la Comisión está facultada a interrumpir la provisión de fondos estructurales" a los Estados que no cumplan la legislación comunitaria pertinente y que el Parlamento "puede decidir colocar en reserva fondos destinados a políticas de cohesión si lo considera necesario para persuadir a un Estado miembro a que ponga fin a graves vulneraciones de la normativa y principios que está obligado a respetar".

Son dos amenazas que habrá que ver si llegan a hacerse realidad, en particular la correspondiente a la propia Eurocámara, y que la delegación socialista española calificó de chantaje. "Rechazamos la utilización chantajista de la posibilidad de congelación de fondos y el cuestionamiento de nuestro Estado de derecho, así como la imposición indiscriminada de una moratoria que agrave la actual crisis", indicaron los socialistas españoles. Para el PP, todo lo ocurrido no es sino una "aberración legal".

Respondidas las críticas a la Eurocámara, populares y socialistas se navajearon luego entre sí. "Esa es la imagen de España que los socialistas llevan transmitiendo a Europa durante los últimos cinco años, cuando iniciaron la campaña para derribar al Gobierno del PP en la Comunidad Valenciana", subrayó el popular José Manuel García-Margallo en un comunicado. Los socialistas replicaron que si en Valencia "se hubiese cumplido la ley desde un principio, se habría evitado llegar a una situación como la actual".

Tras conocer su contenido, el Consell y la Federación de Promotores Inmobiliarios coincidieron en que el informe Auken es "intolerable". José Ramón García Antón, consejero de Urbanismo, cuestionó el fuero. "La UE carece de competencias sobre la ordenación del territorio y el urbanismo, una competencia de los Estados miembro", agregó. Los promotores concluyeron al unísono que esta resolución agravará la coyuntura actual. "El modelo choca con la legislación de la UE"

El informe Auken no es vinculante, pero ayer sirvió para que asociaciones de afectados y partidos políticos críticos con la política urbanística de los últimos años exigieran un cambio de modelo y una revisión de la legislación como propone la eurodiputada verde Margrete Auken.

El parlamentario David Hammerstein, de la misma formación que Auken, arremetió contra populares y socialistas -que llevaron al pleno textos alternativos, que salieron derrotados- y repartió sus críticas por igual entre los dos grupos políticos mayoritarios. "El modelo español de urbanismo choca con la legislación europea y vulnera los derechos de las personas y del medio ambiente. No valen las defensas patrioteras; ahora toca hacer cambios legales", aseveró Hammerstein.

EUPV, por boca de su diputado autonómico Lluís Torró, repartió responsabilidades entre todas las administraciones y abogó por una moratoria urbanística que frene todos los planes que no sean sostenibles desde el punto de vista medioambiental. La formación apeló a la resolución de Auken para evitar la aprobación definitiva del plan Rabassa, en Alicante. "No respeta el medio ambiente ni se ajusta a la legislación europea".

Colectivos de afectados como Abusos Urbanísticos No han aplaudido el informe.

Por su lado, la Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas -cuya queja contra el Gobierno español fue recogida en el informe Auken- solicitaron al Gobierno español que haga caso de esta resolución y "a la vez que mantiene la protección sobre el dominio público costero, garantice los derechos de los pequeños propietarios frente a una aplicación abusiva y retroactiva" de la Ley de Costas, en vigor desde el año 1988. Qué dice el Informe Auken

- Congelación de fondos. La resolución amenaza con congelar parte de los fondos comunitarios que recibe España si no se solucionan los abusos urbanísticos.

- Moratoria. La Generalitat debería suspender y revisar los nuevos planes urbanísticos que no son sostenibles o que no respetan la propiedad.

- Revisión legislativa. Pide al Gobierno español y a los Ejecutivos autonómicos implicados que revisen la legislación que afecta a los derechos de los propietarios particulares. Insta a derogar la figura del agente urbanizador.

- Más transparencia. Reclama más y mejor información sobre la gestión del suelo.

Fuente: El País

R. M. RITUERTO / C. VÁZQUEZ - Bruselas / Valencia - 27/03/2009

 

 

1 Mensaje

  • Golpe de Europa al modelo del urbanismo salvaje 27 de marzo de 2009 15:57, por Paco Montoya

    - Andalucía, la Comunidad Valenciana, la Región de Murcia, Canarias, Ceuta y Melilla, comparten este año el primer puesto de un hipotético podio como las regiones litorales que más han maltratado a su costa. El segundo lugar lo ocupan Cataluña, Islas Baleares y Galicia que continúan acosando a su medio natural con el ladrillo y la contaminación. Euskadi, Cantabria y Asturias les siguen muy de cerca, imitando en el norte el modelo devastador del Mediterráneo.

    Andalucía, con 817 kilómetros de litoral, posee 18 puntos negros. Destacan dos de los lugares más contaminados de la península ibérica: el polo químico de Huelva y la bahía de Algeciras. Por otro lado, Asturias, con 345 kilómetros de costa y 6 puntos negros, está sufriendo una presión urbanística sin precedentes. Tan sólo en la franja oriental se tiene previsto la construcción de más de 30.000 viviendas.

    Cantabria, también, tiene en situación crítica sus costas. La ONG ha analizado 5 puntos negros en 284 kilómetros de costa. En esta provincia, aproximadamente el 50% de los estuarios han sido modificados por la acción humana.

    Con 10 puntos negros, casi la mitad de la costa de Cataluña (700 kilómetros) se encuentra ya urbanizada. A esta costa enladrillada se le suman en 2008 la proyección de 6.000 nuevos amarres deportivos.

    Ceuta y Melilla, poseen respectivamente un punto negro. Ambas presentan un elevado índice de ocupación de su territorio, (35,4% en Ceuta y 53,3% en Melilla).

    Para la Comunidad Valenciana, con 518 kilómetros de costa, los grandes desarrollos turísticos (especialmente Marina d’Or Golf y el Manhattan de Cullera), el aumento de puertos deportivos y el problema de la contaminación se reflejan en 11 puntos negros.

    El País Vasco cuenta con 5 puntos negros repartidos en 246 kilómetros de costa, destacando los problemas de contaminación. Las cifras hablan por sí solas: el 33% de las industrias metalúrgicas más contaminantes se encuentran en esta región.

    Galicia, con 1.498 kilómetros de costa y 19 puntos negros, plantea triplicar su oferta de amarres para embarcaciones en los próximos años y desfigurar su costa con granjas de acuicultura. La contaminación de sus rías es uno de los aspectos más negativos.

    Con 1.428 kilómetros de litoral, Baleares acumula el 12% de la oferta total de amarres del Mediterráneo. Greenpeace ha seleccionado 7 puntos negros. Canarias, con 1.583 kilómetros de costa y 10 puntos negros ha visto florecer en los últimos años los casos de corrupción, con 118 personas implicadas en irregularidades urbanísticas.

    En los 274 kilómetros de costa de la Región de Murcia se analizan 7 puntos negros en una comunidad autónoma en la que desde 1987 la construcción ha aumentado un 200% y se desprotegen espacios naturales para construir complejos turísticos como Marina de Cope.

    El mayor problema el salvaje de urbanismo

    Según Greenpeace, "el mayor problema de nuestras costas sigue siendo el urbanismo. Muchos ayuntamientos han puesto todo su afán en convertir en suelo urbanizable el mayor porcentaje posible de su territorio, incluidos espacios naturales protegidos, para llenar sus arcas sin preocuparse por construir ciudades habitables".

    Además alerta que en algunos puntos de la costa, los elevados niveles de contaminación alcanzan cotas alarmantes: los polos químicos de Huelva y Tarragona o las rías gallegas.

    Los ecologistas demandan la aplicación de la Ley de Costas, terminar la delimitación del dominio público, eliminar las construcciones ilegales en el litoral y conservar los espacios costeros. Asimismo, insta al nuevo Ministerio de Medio Ambiente a que comience su andadura derribando el hotel construido ilegalmente en El Algarrobico (Almería), convertido en símbolo de la degradación costera de este país.

    Ver en línea : Urbanismo salvaje

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