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    VOLUNTARIADO Y DEMOCRACIA: PARTICIPACIÓN PÚBLICA  

 

Autor:  Jose Gracia y Calvo   / ASESOMA

 

 

Presentado en las II JORNADAS DE VOLUNTARIADO Y UNIVERSIDAD ALGECIRAS 2003, organizadas por la Universidad de Cádiz y la Agencia Andaluza del Voluntariado.

 

 

En el marco conceptual que estamos exponiendo sintéticamente, ¿cuál podría ser el papel de las administraciones públicas en el mundo del voluntariado? Pensamos que es un papel importante y en gran parte exigible, por cuanto tienen cierta función (no exclusiva) de tutorización social. En este sentido propugnamos que las administraciones públicas actúen como correa de transmisión de estímulos hacia la acción desde la necesidad socio-ambiental a la sociedad. Y actúen casi como mera correa de transmisión, sin entrar en el campo de la gestión y programación de acciones de voluntariado. Este estímulo puede ser llevado a cabo de múltiples maneras: co-financiación de programas, facilitación de capacitación, recursos materiales, licencias y permisos, infraestructuras, etc. En cualquier caso debería ser la propia sociedad quien se organizara para decidir sobre qué situación intervenir, cómo hacerlo, cuándo... es decir, quien proyectara y ejecutara la acción voluntaria. De esta manera se conseguiría un verdadero movimiento social acorde con la idea de desarrollo sostenible que la administración pública está obligada moralmente a defender. Podríamos hablar no sólo de un desarrollo económico/ambiental sostenible, sino igual e inexcusablemente de un desarrollo social sostenible. De hecho, nos atrevemos a defender que el concepto de desarrollo sostenible lleva implícitos (cuando menos), los siguientes adjetivos: económico, ecológico, social y cultural.

El voluntariado debe huir por tanto del poder de la administración pública, no debe quedar bajo su acción y poder de decisión. El voluntariado debe ser un trabajo de la sociedad civil o por decirlo en otras palabras: del pueblo. En una situación de democracia el paraguas de la administración debe fomentar e incentivar el voluntariado, como ya hemos defendido, pero no debe asumirlo y monopolizarlo. Basándonos en los principios presentados anteriormente, defendemos que el voluntariado debe ir encaminado a la autogestión social, a la respuesta rápida y ética a los problemas socio-ambientales de cada sociedad, encajada en el evidente y exigible papel de la administración pública en la gestión de la sociedad.

 

Por ello presentamos en el siguiente cuadro (Cuadro 1.2) los dos casos extremos que son comunes en los programas de voluntariado en muchos lugares, siendo obvio que defendemos el modelo de “autogestión”. Evidentemente entre ambos casos existe toda una casuística de programas y acciones que se caracterizarían a partir de un gradiente de los parámetros citados. Entendemos que la retroalimentación perseguible es la autonomía individual y social para atender a las necesidades socio-ambientales del entorno, fortaleciendo la participación pública, objetivo final del voluntariado que la administración pública debería fomentar. La autonomía debe abarcar desde al propio individuo miembro del grupo como al grupo o grupos responsables de la acción voluntaria. El trabajo en red es una pieza clave para el éxito de este tipo de procesos.